Está navegando en movemospais.com
El Ministerio de Transporte sostiene que la reforma al régimen del taxi no genera impactos económicos, financieros, administrativos o presupuestales relevantes. Sin embargo, un estudio del Observatorio Técnico Sectorial de Movemos País concluye que el expediente regulatorio disponible no demuestra suficientemente esa afirmación. La diferencia parece sutil, pero define una de las discusiones más importantes de todo el proceso: ¿cómo puede afirmarse que una reforma no tiene efectos económicos cuando estos no fueron evaluados de manera específica?
El proyecto no se limita a actualizar expresiones o simplificar trámites. Propone ampliar de uno a dos años los contratos de vinculación, eliminar el paz y salvo y determinados cobros, extender la vigencia de la tarjeta de operación, permitir desplazamientos entre municipios contiguos sin planilla, asignar matrículas mediante un sorteo con puntaje y crear un programa de formación de conductores a cargo de las autoridades territoriales. Cada una de esas decisiones puede producir beneficios. También puede trasladar costos, modificar ingresos, alterar condiciones de competencia o crear nuevas responsabilidades.
El Estudio Técnico OTS-2026-008 no afirma que estos efectos serán negativos ni pretende calcular cuánto ganará o perderá cada actor. Su hallazgo es distinto: las seis medidas activan canales económicos plausibles, pero la magnitud de sus efectos no fue cuantificada en el expediente examinado.
«No demostrar que un impacto será significativo no equivale a demostrar que no existirá.»
Seis cambios y una pregunta pendiente
El contrato de vinculación permite entender el problema. Llevar su duración de uno a dos años podría reducir la frecuencia de las renovaciones y algunos costos de trámite. Al mismo tiempo, podría modificar las condiciones de salida de un propietario, los costos de terminación y la relación económica con la empresa. ¿Cómo saber si el cambio reduce costos o simplemente los traslada de un actor a otro? Para responder esa pregunta habría que comparar contratos, cartera, terminaciones anticipadas y costos antes y después de la reforma. Ese ejercicio no aparece en el proyecto revisado.
La eliminación del paz y salvo plantea una tensión similar. La medida puede ampliar la libertad del propietario y del conductor para cambiar de empresa y reducir barreras para los propietarios. Pero también puede modificar ingresos que hoy perciben las compañías y alterar los mecanismos de gestión de cartera. ¿Se elimina un obstáculo injustificado o se traslada a las empresas un problema financiero que deberá resolverse por otra vía? Sin conocer el peso de esos cobros dentro de la operación ni las funciones que actualmente financian, el expediente no permite establecer cómo se distribuirían los beneficios y los costos.
Extender a dos años la vigencia de la tarjeta de operación puede significar menos desplazamientos, trámites y tiempos de espera. El ahorro, sin embargo, no está calculado. Tampoco se evalúa si una actualización menos frecuente podría generar rezagos en la información ni qué controles serían necesarios para evitarlo. La medida puede ser conveniente. La pregunta es si el beneficio administrativo fue estimado y si los posibles riesgos de desactualización fueron considerados. En la documentación analizada no aparece una respuesta suficiente.
La operación entre municipios contiguos sin planilla puede responder a la realidad de territorios que funcionan como una sola área de movilidad. Para muchos pasajeros, las fronteras municipales no coinciden con sus desplazamientos cotidianos. Pero esa apertura también puede redistribuir pasajeros e ingresos entre conductores, vehículos y empresas de diferentes jurisdicciones, modificar los viajes de retorno y crear nuevas necesidades de trazabilidad, seguros, control y coordinación institucional. ¿La medida ampliará oportunidades para todos o concentrará la demanda en determinados municipios? Para saberlo se requerirían datos sobre origen y destino de los viajes, demanda efectiva, capacidad transportadora, retornos, siniestralidad y seguros. El expediente no los desarrolla con ese propósito.
La asignación de la capacidad transportadora mediante un sorteo con puntaje introduce otra pregunta. Una matrícula no es únicamente un registro administrativo: representa una oportunidad económica y puede adquirir valor patrimonial. El proyecto contempla un mecanismo de asignación, pero deja para una reglamentación posterior elementos esenciales como la fórmula, la escala, los topes y los controles frente a la concentración o la intermediación. Sin esas reglas no es posible establecer quién tendría mayores posibilidades de acceder, qué opciones reales tendría el conductor que hoy no es propietario para llegar a serlo ni qué medidas impedirían que el mecanismo terminara creando un mercado secundario.
La formación de conductores, finalmente, puede mejorar la seguridad vial, la atención al usuario y la calidad del servicio. Pero diseñar, financiar, ejecutar y supervisar un programa de alcance territorial exige recursos, personal y capacidad institucional. El proyecto asigna responsabilidades y establece un plazo, pero no calcula la cobertura, el costo por participante, la capacidad instalada ni la fuente de financiación. Alguien tendrá que asumir esas obligaciones. El expediente no identifica con suficiente precisión quién ni con qué recursos.
Regístrese gratis para leer el resto del documento
Le faltan 6 secciones de este análisis. El registro es gratuito y su código llega por correo en el momento.
También puede afiliarse al Movimiento y acceder además a los documentos técnicos del Observatorio.
