30 de julio de 2026·Lectura estimada: 6 minutos·Movemos País
La tarifa oficial aún no cambia. Sin embargo, la propuesta sometida a consulta pública amplía las inspecciones, incorpora nuevas pruebas y endurece los criterios de aprobación. La pregunta ya no es cuánto costará el certificado del CDA, sino cuánto costará mantener un vehículo legalmente habilitado para circular y trabajar.
◆ LEE · Sello editorial
LECTURA ESTRATÉGICA
La propuesta sometida a consulta pública transforma el alcance de la revisión técnico-mecánica: amplía los sistemas evaluados, incorpora diagnóstico electrónico y endurece los criterios de aprobación. Es una decisión legítima en materia de seguridad vial, pero el expediente reconoce que el componente tarifario quedó por fuera de su alcance.
Ese vacío traslada la discusión del precio del certificado al costo total de mantener un vehículo legalmente habilitado: diagnósticos previos, repuestos, mano de obra, reinspecciones y días sin operar. Para quien usa el vehículo como herramienta de trabajo, ese es el costo que decide si el cumplimiento es viable.
Lo que el sector debe observar: si el estudio tarifario se realiza antes de adoptar el nuevo esquema, si se define gradualidad para su entrada en vigencia y si los mayores costos se reconocen en las modalidades reguladas —tarifas de pasajeros y SICETAC en carga—. Cuando una exigencia técnica no viene acompañada de su ruta de financiación, el costo no desaparece: se traslada al eslabón más débil de la cadena.
Cuando se habla de una nueva revisión técnico-mecánica, la primera pregunta suele ser inmediata: ¿subirá la tarifa del CDA? Sin embargo, esa podría no ser la pregunta más importante. Los documentos sometidos a consulta pública por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte todavía no fijan una nueva tarifa ni contienen un estudio que permita determinar cuánto costará la revisión. Lo que sí hacen es proponer una transformación profunda del sistema de inspección vehicular, cuyos efectos económicos podrían ir mucho más allá del valor que aparezca en la factura.
La propuesta busca fortalecer la seguridad vial, incorporar mejores prácticas internacionales y modernizar los procedimientos aplicados por los Centros de Diagnóstico Automotor. Ese objetivo es legítimo y necesario. Pero toda regulación también debe responder una pregunta económica: ¿quién asumirá el costo de esas nuevas exigencias? En este caso, la respuesta todavía no aparece de manera clara en el expediente sometido a consulta.
El costo no empieza en el CDA
Para la mayoría de los propietarios, la revisión técnico-mecánica termina cuando reciben el certificado de aprobación. En realidad, allí suele terminar solamente el trámite administrativo. El costo verdadero comienza mucho antes.
Preparar un vehículo para superar una inspección implica diagnósticos previos, reparaciones, repuestos, mano de obra, desplazamientos y, cuando el vehículo no aprueba, nuevas revisiones. En el caso de un automóvil particular esto representa un gasto inesperado. Para un taxi, un camión, una buseta o un vehículo de transporte especial significa además días sin producir ingresos mientras permanece inmovilizado.
La propuesta amplía simultáneamente los sistemas que serán evaluados, incorpora diagnósticos electrónicos mediante equipos OBD, endurece los criterios de aceptación, crea inspecciones especiales para determinados vehículos y desarrolla nuevos procedimientos para reformas, modificaciones y automotores siniestrados. No se trata simplemente de actualizar un manual. Se propone modificar el alcance mismo de la revisión técnico-mecánica.
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Uno de los cambios más visibles consiste en incorporar diagnósticos electrónicos sobre los sistemas instalados por el fabricante. La propuesta plantea que los CDA utilicen equipos capaces de leer códigos de falla y verificar el estado de diferentes componentes electrónicos del vehículo.
Esto no significa que los vehículos antiguos deban instalar tecnologías que nunca tuvieron. El propio documento aclara que los criterios deben considerar las especificaciones originales del fabricante. Sin embargo, sí implica que los sistemas con los que el vehículo fue equipado deberán encontrarse en correcto funcionamiento para superar la inspección. Un sensor averiado, un código activo en el sistema electrónico o una falla en componentes originales podrían convertirse en causales de rechazo que obliguen al propietario a realizar reparaciones antes de volver a presentar el vehículo.
La propuesta también revisa el tratamiento de los vehículos modificados o siniestrados. Determinadas reformas podrían requerir inspecciones adicionales y los vehículos reparados después de un accidente tendrían que superar procedimientos especiales antes de volver a circular. Cada una de esas exigencias responde a un propósito de seguridad vial, pero también incorpora nuevos costos de inspección, certificación y tiempo fuera de operación.
El mayor vacío sigue siendo económico
Paradójicamente, la consultoría reconoce que el componente tarifario quedó por fuera de su alcance. Es decir, se proponen nuevos procedimientos, equipos, inversiones y controles para los centros de diagnóstico, pero no se cuantifica cuánto costará implementarlos ni quién terminará financiándolos.
Esa ausencia impide responder preguntas fundamentales. ¿Cuánto aumentará el tiempo promedio de cada revisión? ¿Cuál será el costo de las inspecciones especiales? ¿Las inversiones requeridas por los CDA podrán asumirse con las tarifas actuales o terminarán trasladándose a los propietarios? ¿Cómo se reconocerán esos mayores costos en modalidades reguladas como el transporte público de pasajeros o dentro de herramientas como el SICETAC para el transporte de carga?
La falta de un estudio tarifario no significa que el impacto económico no exista. Significa, simplemente, que todavía no se conoce con precisión quién asumirá el costo total de la transformación propuesta.
Seguridad vial y sostenibilidad económica
Colombia necesita una revisión técnico-mecánica confiable. Reducir el fraude, fortalecer la inspección y mejorar los estándares técnicos constituye un objetivo razonable para proteger la vida y la seguridad vial. Pero elevar el nivel de exigencia también obliga a evaluar cuidadosamente sus efectos económicos.
Una regulación de esta magnitud debería demostrar no solo cuántas fallas adicionales permitirá detectar, sino cuánto costará corregirlas, cuánto tiempo permanecerán inmovilizados los vehículos y cómo afectará a quienes dependen de ellos como herramienta de trabajo y patrimonio familiar.
La discusión no enfrenta la seguridad vial con la economía. Una buena política pública debe proteger ambas. La seguridad requiere mejores controles; la regulación también debe garantizar que esos controles sean técnica, económica y socialmente sostenibles.
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Si el nuevo esquema eleva las exigencias técnicas de la revisión, ¿cómo garantizará el Gobierno que los mayores costos no recaigan desproporcionadamente sobre millones de propietarios y transportadores sin contar previamente con una evaluación económica que permita medir su verdadero impacto?
Fuentes. Propuesta consolidada del esquema de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes; Manual de procedimientos de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de tipologías vehiculares; documentos en consulta pública del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 (Decreto 1430 de 2022); análisis del Observatorio Técnico Sectorial de Movemos País.
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Cite así:Movemos País (2026). La nueva revisión técnico-mecánica: ¿cuánto costará mantener un vehículo? Centro de Pensamiento del Transporte de Colombia. Autor: John Jairo Correa Rodríguez. Disponible en: movemospais.com
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